Sortu ha propuesto a ETA su desarme unilateral y que los presos de la banda renuncien a una amnistía y asuman la legalidad, acogiéndose a las medidas de reinserción individual, pese a la oposición de sus sectores más radicales, según aseguran fuentes de la izquierda abertzale. Según Sortu, los gestos de esta nueva estrategia se empezarán a manifestar entre septiembre y octubre.
Sortu ha sacado la conclusión de que es irrealizable la pretensión de ETA de sentarse con el Gobierno del PP para negociar la paz por sus presos, intentada tras su declaración de cese definitivo del terrorismo el 20 de octubre de 2011. Su referente era el modelo irlandés: un desarme negociado con el Gobierno británico —en España con el Ejecutivo del PP—, con presencia internacional, a cambio de medidas generosas para los reclusos.
Pero en los 19 meses transcurridos desde entonces, las presiones del Gobierno del PP para que Noruega expulsara a la dirección política de ETA instalada en su territorio, así como la pretensión de Interior de detener a Josu Ternera, referente histórico de la banda, dejaron clara la imposibilidad de esa negociación.
Paralelamente, tanto el Gobierno vasco como los partidos de Euskadi insisten en que ETA debe avanzar hacia el desarme y que sus presos deben asumir la legalidad, reclamando la reinserción individual. Lo que no obsta para que PNV y PSE critiquen el inmovilismo del Gobierno del PP en política penitenciaria (ningún acercamiento de presos a cárceles vascas ni mejoras en la situación de los presos arrepentidos), temeroso de abrir nuevos conflictos.
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