El Gobierno reforma la ley para que los grandes defraudadores no vayan a la cárcel

El Gobierno ha puesto fácil a los grandes defraudadores no pisar la cárcel. Un cambio en el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal aprobado en diciembre y en vigor desde mediados de enero reduce notablemente las penas de prisión a cambio del pago de la cantidad adeudada y una multa que en ningún caso superará la cuantía de la deuda.

Defraudar más de 120.000 euros a Hacienda o la Seguridad Social es delito en nuestro país. Si el fraude es descubierto, la pena que debe aplicarse, según el artículo305.1 del Código Penal es de 1 a 5 años de prisión y una multa que puede alcanzar 6 veces la cantidad defraudada.

La modificación aprobada a finales del año pasado permite a los defraudadores, incluidos los de mayor rango, reducir la pena de prisión a menos de un año, de forma queno sea necesario pisar la cárcel, tras pagar su deuda tributaria más una multa que no supere la cantidad adeudada en un plazo de dos meses.

El recientemente aprobado artículo 305.6 del Código Penal, publicado en el BOE el pasado 28 de diciembre, es el que concreta todas estas ventajas, sin comparación con otros delitos similares. El texto señala que el pago de la cantidad adeudada y la multa correspondiente deberá realizarse en un plazo máximo de dos meses desde que el defraudador reciba la citación como imputado, algo que sucede tiempo después de que se haya iniciado el proceso penal.

Cuando se cumpla ese plazo, la multa que deberá sumarse a la devolución de lo defraudado no superará en ningún caso esa misma cantidad. De hecho, podrá ser la mitad o incluso una cuarta parte. A cambio del pago, la pena de prisión quedará siempre por debajo de un año y podría incluso llegar a los tres meses. Sin antecedentes, la ejecución de la pena quedará suspendida y el defraudador eludirá la cárcel.

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