Sin decir nada pero diciéndolo todo, midiendo sus palabras para dejarlas al borde del titular vocinglero, y repitiendo frases que parecen destinadas a oídos nobles, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, no ha pedido hoy a los ciudadanos que se moderen en sus expresiones públicas de desagrado a las políticas de las Administraciones, no ha pedido a la delegación del Gobierno que sea más rigurosa a la hora de autorizar esas protestas en las calles de la capital, y no ha pedido al Estado una compensación económica por los gastos extraordinarios que manifestaciones y concentraciones, que se han disparado desde el verano, causan al Ayuntamiento (principalmente, por los servicios de limpieza y seguridad) y por las molestias que generan a ciudadanos y turistas. No lo ha hecho, en fin, pero cualquier diría que en realidad sí lo ha hecho.
¿Demasiado permisivos? Lo primero que ha hecho es trasladar a doblones el monto de sus quebrantos: 3,8 millones de euros desde enero. En los nueve primeros meses del año se han registrado 2.732 concentraciones o manifestaciones, entre las autorizadas y las que no contaban con el visto bueno de la delegación del Gobierno. En todo 2011, fueron 1.380; algo que parece molestar particularmente a la alcaldesa, según ha dicho hoy, es que, cuando el anterior presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), aprobó en 2010 un recorte del sueldo de los funcionarios, no se produjeran protestas como las actuales.
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