Este fue el acuerdo principal adoptado por la junta de jueces de primera instancia que se llevó a cabo en la mañana de ayer y en la que se abordó la manera de asumir el nuevo decreto del Gobierno central sobre los desahucios, así como la petición formulada por la plataforma Stop Desahucios en la que se reclama precisamente que se paralicen estas actuaciones judiciales hasta que se pronuncie sobre el asunto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la reunión, los jueces cordobeses aprobaron unánimemente que todos los desalojos que estén ya señalados y tengan fecha concreta de ejecución se suspendan, con la intención de dar traslado a los afectados del nuevo decreto para que puedan demostrar las circunstancias que se recogen en el mismo para ver si son susceptibles de acogerse a él.
En esta situación, según Romero Roa, pueden encontrarse actualmente en Córdoba alrededor de cincuenta casos, que son los que aproximadamente se podrían ejecutar en el transcurso del mes de diciembre.
Existe un segundo grupo de casos, que son aquellos en los que el desalojo está ya acordado pero que aún no tiene fecha fijada para su materialización. En este caso, explica el juez decano, también se ha acordado la suspensión provisional del expediente para, del mismo modo que en el caso anterior, dar traslado a los afectados de las nuevas circunstancias que recoge la normativa. Señala Romero Roa que la diferencia radica en que ya ni siquiera se pondrá fecha al desalojo.
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