En España, la información sobre las exportaciones de material de defensa es secreto de Estado. Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, se acordó «otorgar, con carácter genérico la clasificación de reservado a [...] la producción, adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico» (apartado B.5). Otro Acuerdo del Consejo de Ministros, de 12 de marzo de 1987, clasificó como secretas las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Parece que la clasificación de las actas de la JIMDDU es consecuencia de la petición, por parte del CDS e Izquierda Unida, de la creación de una comisión parlamentaria para investigar la posible existencia de ventas ilegales de armas.
Si se han clasificado como secretas las actas de la JIMDDU es porque se considera que su conocimiento público puede «dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». Hay bastantes razones para considerar que dicha clasificación es ilegal. En la práctica, el secretismo se utiliza para impedir que la ciudadanía conozca a qué países se está vendiendo armamento y qué tipo de material de defensa se exporta. También hace imposible saber de qué forma interpreta la JIMDDU los criterios de la Posición Común. Además, el secretismo es un instrumento que favorece las exportaciones –o, al menos, ciertas exportaciones–, como se ha puesto de manifiesto con las exportaciones de bombas racimo españolas en Libia. El secretismo, por tanto, puede considerarse como un instrumento más de la política de apoyo a las exportaciones del Gobierno español.
El secretismo en la práctica: el caso de las exportaciones de bombas en racimo españolas a Libia
En abril de 2011, la prensa española informó que el ejército de Muamar el Gadafi había utilizado bombas en racimo de fabricación española en Misrata; según la ONG Human Rights Watch se habrían utilizado al menos tres bombas racimo en los bombardeos del jueves 14 de abril sobre dicha ciudad. Las bombas utilizadas correspondían al modelo MAT-120, como demostraban las fotografías tomadas por el periódico The New York Times. Las bombas MAT-120 fueron fabricadas por la empresa española Instalaza.
Según las «Estadísticas española de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso», en el año 2007 fue autorizada la exportación a Libia de material de defensa, dentro de la categoría «Bombas, torpedos, cohetes y misiles» por valor de 3.823.500 euros; exportación que fue realizada durante 2008. Las estadísticas oficiales no detallan, sin embargo, si el armamento exportado eran bombas en racimo. En cualquier caso, el hecho de que se autorizó la exportación de bombas en racimo a Libia no fue desmentido por el Gobierno español.
El secreto de Estado es un instrumento que debe utilizarse, según la Ley sobre Secretos Oficiales, para proteger la seguridad y la defensa del Estado. En el caso del comercio de armamento, el secretismo se utiliza como un mecanismo que favorece las exportaciones de armas. El caso de las bombas en racimo MAT-120 es un ejemplo claro al respecto. Se ha utiliza el secreto de Estado para impedir que los ciudadanos supieran que España había exportado bombas en racimo a Libia.
En mayo de 2007, Justícia i Pau solicitó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio información sobre las exportaciones de armamento realizadas a Marruecos, Ghana y China durante los años 2005 y 2006. El Ministerio denegó la solicitud amparándose en que las actas de la JIMDDU eran secretas y en que debía mantenerse la confidencialidad de las empresas exportadoras. Decisión que fue recurrida en reposición por Justícia i Pau y que fue confirmada por el Ministerio. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de marzo de 2010 (número de recurso 523/2009), dio la razón al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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