A raiz de la polémica suscitada por la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de "modular" el derecho de manifestación, Eduardo Torres-Dulce ha afirmado que los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regular, aunque sólo "administrativamente", el derecho de manifestación porque la restricción "excesiva" de los derechos fundamentales puede complicar la convivencia democrática.
En los desayunos informativos de Europa Press, ha defendido que no se puede "otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como un medio para deslegitimar en bloque" la forma de Estado, las Cámaras legislativas o a los propios parlamentarios, con un "frecuente gravísimo quebranto de la convivencia democrática".
El máximo representante del Ministerio Público ha destacado que su departamento confiere una especial sensibilidad a la protección del derecho de manifestación y al derecho de libertad de expresión.
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