La Junta de Griñán cobija a 26.000 'enchufados' en empresas públicas

Andalucía ha creado una administración en negro, en B. Una administración paralela y no fiscalizada de manera regular de más de 130 consorcios, agencias, empresas, fundaciones o institutos impulsados por los Gobiernos del PSOE de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en las dos últimas décadas. Comunidades autónomas low cost o cómo desparasitar la administración pública.

Ahí trabajan un mínimo de 26.000 personas que los sindicatos de funcionarios denomina enchufados, pues nunca han pasado pruebas de selección para acceder a esos empleos. La gran mayoría de ellos están vinculados a PSOE, UGT y CCOO.

Se trata una Junta de Andalucía bis sobre la que el Ministerio de Hacienda ha puesto la lupa, merced a la exigencia de los planes de reequilibrio para cumplir los objetivos de déficit y merced a la entrega de fondos a Andalucía vía Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Fondos cuya llegada está condicionada al cumplimiento estricto de ese plan.

El aspecto fundamental que hace insostenible este coloso público social y económicamente, más aún con un 34 por ciento de paro en la Comunidad, es el volumen, coste y origen de su plantilla. Sobre esto último, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) es claro: los sucesivos procesos electorales autonómicos y locales que han determinado la hegemonía del PSOE andaluz durante 30 años han provocado procesos masivos de relevos de altos cargos y cargos de confianza que han acabado en este conglomerado público. Empresas, fundaciones y consorcios creados ad hoc para cobijarlos en un trabajo público.

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