Equipo Jurídico Pueblos
“A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo, introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados… según medicina legal lo torturaron vivo. ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían que cobrarlo con su vida?”
Marinelly Hernández, presa política y de guerra
1. Introducción
La existencia de 9.500 presos políticos[1] pone de manifiesto la falta de libertades políticas en Colombia. La extrema intolerancia estatal contra toda reivindicación social garantiza una situación de despojo contra las mayorías en beneficio del gran capital, y es causal del actual conflicto social y armado. Es debido a la miseria de las mayorías, aunada al exterminio contra la oposición política civil, que parte importante de ésta elije la oposición política insurgente. Uno de los puntos a debatir en la Agenda de diálogo entre la insurgencia de las FARC y el gobierno colombiano se refiere precisamente a esa falta de libertades políticas en Colombia. La liberación de los presos políticos sería un gesto concreto hacia la paz por parte del gobierno colombiano; lamentablemente el gobierno no se lo plantea, y por el contrario incrementa las detenciones políticas a la par que incrementa la entrega del territorio a las multinacionales. Las organizaciones sociales denuncian:“Las regiones del país donde existe mayor concentración de recursos naturales, procesos organizativos e intereses económicos trasnacionales; coinciden con aquellas en las que se usa con más frecuencia la detención arbitraria (…)Existe una directriz de Estado que criminaliza y militariza la protesta social, que se manifiesta en el sustancial aumento de detenciones arbitrarias y en su política criminal que abiertamente da una repuesta represiva o punitiva al ejercicio del derecho a la protesta(…) una estrategia criminal del Estado que pretende debilitar el movimiento popular y amilanar la protesta social” [2]. La violación de los derechos de participación política afecta no solamente al opositor político que es asesinado, desaparecido o encarcelado, sino que vulnera a la sociedad entera, al impedir el pensamiento crítico y desarticular la organización social, motores históricos de la emancipación. Se trata de inyectar miedo a elevar una reivindicación: a quienes reivindiquen se los ‘castiga’. En esa lógica estatal de dominación mediante el miedo se inscribe la tortura: la impunidad que la encubre la perpetúa a la par que evidencia su carácter de herramienta del terror. Hay una utilización sistemática de la tortura, que conlleva incluso la muerte de los presos, y llega hasta la desaparición forzada y homicidio contra los familiares de los presos políticos. La importancia de visibilizar estos crímenes de Estado radica en tratar de impedir que se sigan instaurando como un mecanismo de terror contra la reivindicación social.
La situación en las cárceles colombianas es dantesca: los presos sufren tortura, padecen niveles de hacinamiento del 47% [3], viven en condiciones de insalubridad extremas, sufren la violación a los subrogados penales, no son clasificados en clara violación al DIH por parte del estado -siendo incluso situados los presos políticos en patios paramilitares como método de tortura que pone en peligro sus vidas-. Los presos sufren el alejamiento familiar como forma de castigo; sufren extradición; e incluso los presos políticos sufren el chantaje con las vidas de sus familiares si se niegan a fungir de falsos testigos contra otros luchadores sociales en los juicios políticos que implementa el estado colombiano contra periodistas, sindicalistas, líderes campesinos, estudiantiles, etc. Miles de personas están sindicadas y presas sin juicio, en lo que es calificado como ‘secuestro estatal’[4]. El uso del aparato judicial como arma de guerra sucia convierte las detenciones en terror omnipresente: “El Estado colombiano enfrenta más de 12 mil demandas por detenciones injustas”[5]. Además, son numerosos los presos políticos muriendo por tortura de negación de asistencia médica, algunos padecen enfermedades que devienen terminales ante la falta de tratamiento, y otros son heridos de guerra que son abandonados a la gangrena[6]. Las organizaciones de DDHH llaman: “Al estado colombiano que cesen las condenas a pena de muerte contra los prisioneros políticos mediante la omisión de diagnósticos y atención médica oportuna. Solicitamos que la Liberación de las y los Prisioneros Políticos Enfermos sea incluida dentro de la agenda de diálogos entre el gobierno Colombiano y las FARC-EP”[7]. En diciembre 2012, ante la continuidad de la hecatombe, los presos se preguntan: “¿Cuántos muertos más tenemos que poner los presos para lograr ser escuchados y recibir solución a tan dramática situación? ¿Quién investiga y hace justicia con la familia de más de 118 muertos en lo que va transcurrido en el presente año en las cárceles del país? (…) Exigimos investigación sobre la muerte de nuestro compañero Mauricio Fernández García miembro del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) el 7 de diciembre por la absoluta inasistencia medica (…) una de las prácticas aplicadas sistemáticamente(…) Hemos solicitado al gobierno que decrete la emergencia carcelaria y que se conforme una comisión de concertación Gobierno-MNC, para buscar soluciones concretas a la crisis humanitaria por la cual estamos pasando los mas de 140.000 presos que hay en Colombia” [8].
No hay comentarios:
Publicar un comentario