Estas organizaciones protestan por la decisión del presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, de no tramitar ante el Pleno el informe dictamen de STES-i, alternativo al elaborado por la Comisión Permanente sobre la reforma educativa del Gobierno, basándose en un informe de la Abogacía del Estado. Para estas organizaciones, esto supone "censurar" la opinión de una parte del profesorado y un "ataque a la libertad de expresión".
Según explica STES-i, en este informe de la Abogacía se afirma que el dictamen de este sindicato cumple los requisitos exigibles de 'motivación' y 'precisión', pero no así el de 'respeto', tres requisitos que deben cumplir los dictámenes alternativos según el reglamento del Consejo Escolar. El documento mencionado señala que entiende el requisito de 'respeto' como la "debida neutralidad", por lo que el dictamen de STES-i no puede ser tomado como voz de una institución.
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