Ernest Maragall
Presidente de Nova Esquerra Catalana y exconsejero de Educació
Presidente de Nova Esquerra Catalana y exconsejero de Educació
Déjenme empezar por el afecto. A España y a los españoles. Un afecto que no tengo que justificar en Barcelona, ni tengo que demostrar en Madrid. Demasiados años, tantas personas y tantos paisajes, los orígenes familiares, las amistades entrañables. Todo me liga a ambos conceptos. Y ello no me impide, más bien me empuja, pensar y decir todo lo que sigue.
El acuerdo entre Catalunya y España pasa por plantear una profunda revisión del modelo de Estado
Y déjenme seguir, pues, por la conclusión a la que quisiera llegar de la mano de un razonamiento compartido, espero, con todo el que desee explorar caminos de entendimiento: para alcanzar un acuerdo estable y satisfactorio entre Catalunya y España hay que plantear una profunda revisión del modelo de estado nacido en 1978 y de la ley máxima que lo regula. Una revisión a fondo, sin condiciones previas ni dilaciones procedimentales. Se trata de una decisión política que nace de la búsqueda sincera de respuesta a la cuestión catalana, pero también del agotamiento constatado del modelo democrático vigente y de la urgente redefinición de sus parámetros básicos: derechos, partidos, representación, instituciones... De todos ellos: desde la Jefatura del Estado al sistema electoral, desde la incorporación de los derechos civiles ganados en las últimas décadas a las nuevas exigencias de accesibilidad y participación ciudadana, desde la tímida semántica de las "nacionalidades" al pleno reconocimiento de la "nación" catalana.
En este contexto, la cuestión catalana tiene recorrido propio, cronológico y conceptual, como bien explicaba Enric Juliana en su Modesta España:
-Transición (1976-77))
-Recuperación de la Generalitat republicana y Constitución abierta y interpretable (1978)
—Primer Estatut d'Autonomia (1980) -café para todos (UCD-PSOE, Andalucía) y 23F, LOAPA, (1981 y siguientes)
—Eclosión del primer Estado moderno español con Felipe González(OTAN, Europa, multinacionales) y José María Aznar (Madrid, Latinoamérica, especulación, crecimiento acelerado)
—Dominio progresivo de la interpretación restrictiva de la Constitución (léanse las sucesivas sentencias del TC de los años 90)
—Segundo intento estatutario (2006, Maragall-Más-Zapatero)
—Crisis económica y efectos sociales devastadores (2008 y sigue....)
—Rechazo y humillación de la propuesta federal catalana (TC 2006-2010) con la consiguiente indignación y frustración popular (11/S 2010)
—Afirmación y socialización mayoritaria de la "Catalunya Estado" (11/S + 25/N 2012)
¿Y ahora qué? Ahora hablar y escuchar. Sin a prioris, excepto el de empezar ya y no dejarlo hasta llegar a una propuesta plausible. Y decidir sin más demora.
La primera y fundamental decisión a tomar es muy simple y conecta directamente con la votación del pasado martes (con espectáculo cismático en las filas socialistas incluido).
¿Están dispuestas las instituciones del Estado (Cortes, Gobierno, TC, partidos) a admitir la condición subjetiva de "nación" que una muy amplia mayoría de ciudadanos atribuye al concepto "Catalunya"?.
Y, por lo tanto, es admisible que esa realidad histórica, social y política catalana tenga reconocimiento explícito en la nueva Constitución, incluyendo el derecho de autodeterminaciónque el Estado español ha subscrito en los tratados internacionales?.
¿Es posible un acuerdo de soberanías compartidas (y limitadas por su creciente cesión a Europa) que otorgue la máxima capacidad de decisión a las instituciones catalanas en el uso de los recursos económicos y en el desarrollo de políticas propias?
Lo relevante de la votación en el Congreso es el rechazo explícito a la pretensión de celebrar de una consulta
En resumen, ¿puede ser Catalunya sujeto político con capacidad para decidir sobre sí misma y sobre su eventual integración o separación del Estado español? De momento la respuesta a estas preguntas es clara y casi unánime en sentido negativo desde partidos e instituciones españolas. Lo relevante de la votación en el Congreso es el rechazo explícito y coincidente a la pretensión catalana en torno a la celebración de una consulta, desde las dos grandes formaciones políticas a derecha e izquierda. Con el añadido de la remisión al TC de la famosa y desafiante "Declaración de Soberanía" adoptada por el Parlamento catalán. Lo interesante de aquella sesión en el Congreso, en cambio, es la división del voto, inédita, en el grupo socialista. Por primera vez el bloque completo del catalanismo político votaba unitariamente en una cuestión tan significativa como la defensa del "derecho a decidir".
Y eso ya es harina de otro costal. Si Catalunya consigue cuajar y mantener una mayoría consistente, que incluya el socialismo democrático, en torno al ejercicio efectivo y próximo de ese derecho a decidir, todo sería distinto. El Estado español, entonces sí, tendría que revisar esa negativa frontal y abrir el diálogo real en torno al concepto posible de Catalunya-Estado. En esta ocasión sin apelación posible al siempre aplazado e incumplido mejor trato fiscal, ni al humo de colores de un federalismo tan asimétrico como vaporoso y futurible.
El acuerdo entre Catalunya y España pasa por plantear una profunda revisión del modelo de Estado
Y déjenme seguir, pues, por la conclusión a la que quisiera llegar de la mano de un razonamiento compartido, espero, con todo el que desee explorar caminos de entendimiento: para alcanzar un acuerdo estable y satisfactorio entre Catalunya y España hay que plantear una profunda revisión del modelo de estado nacido en 1978 y de la ley máxima que lo regula. Una revisión a fondo, sin condiciones previas ni dilaciones procedimentales. Se trata de una decisión política que nace de la búsqueda sincera de respuesta a la cuestión catalana, pero también del agotamiento constatado del modelo democrático vigente y de la urgente redefinición de sus parámetros básicos: derechos, partidos, representación, instituciones... De todos ellos: desde la Jefatura del Estado al sistema electoral, desde la incorporación de los derechos civiles ganados en las últimas décadas a las nuevas exigencias de accesibilidad y participación ciudadana, desde la tímida semántica de las "nacionalidades" al pleno reconocimiento de la "nación" catalana.
En este contexto, la cuestión catalana tiene recorrido propio, cronológico y conceptual, como bien explicaba Enric Juliana en su Modesta España:
-Transición (1976-77))
-Recuperación de la Generalitat republicana y Constitución abierta y interpretable (1978)
—Primer Estatut d'Autonomia (1980) -café para todos (UCD-PSOE, Andalucía) y 23F, LOAPA, (1981 y siguientes)
—Eclosión del primer Estado moderno español con Felipe González(OTAN, Europa, multinacionales) y José María Aznar (Madrid, Latinoamérica, especulación, crecimiento acelerado)
—Dominio progresivo de la interpretación restrictiva de la Constitución (léanse las sucesivas sentencias del TC de los años 90)
—Segundo intento estatutario (2006, Maragall-Más-Zapatero)
—Crisis económica y efectos sociales devastadores (2008 y sigue....)
—Rechazo y humillación de la propuesta federal catalana (TC 2006-2010) con la consiguiente indignación y frustración popular (11/S 2010)
—Afirmación y socialización mayoritaria de la "Catalunya Estado" (11/S + 25/N 2012)
¿Y ahora qué? Ahora hablar y escuchar. Sin a prioris, excepto el de empezar ya y no dejarlo hasta llegar a una propuesta plausible. Y decidir sin más demora.
La primera y fundamental decisión a tomar es muy simple y conecta directamente con la votación del pasado martes (con espectáculo cismático en las filas socialistas incluido).
¿Están dispuestas las instituciones del Estado (Cortes, Gobierno, TC, partidos) a admitir la condición subjetiva de "nación" que una muy amplia mayoría de ciudadanos atribuye al concepto "Catalunya"?.
Y, por lo tanto, es admisible que esa realidad histórica, social y política catalana tenga reconocimiento explícito en la nueva Constitución, incluyendo el derecho de autodeterminaciónque el Estado español ha subscrito en los tratados internacionales?.
¿Es posible un acuerdo de soberanías compartidas (y limitadas por su creciente cesión a Europa) que otorgue la máxima capacidad de decisión a las instituciones catalanas en el uso de los recursos económicos y en el desarrollo de políticas propias?
Lo relevante de la votación en el Congreso es el rechazo explícito a la pretensión de celebrar de una consulta
En resumen, ¿puede ser Catalunya sujeto político con capacidad para decidir sobre sí misma y sobre su eventual integración o separación del Estado español? De momento la respuesta a estas preguntas es clara y casi unánime en sentido negativo desde partidos e instituciones españolas. Lo relevante de la votación en el Congreso es el rechazo explícito y coincidente a la pretensión catalana en torno a la celebración de una consulta, desde las dos grandes formaciones políticas a derecha e izquierda. Con el añadido de la remisión al TC de la famosa y desafiante "Declaración de Soberanía" adoptada por el Parlamento catalán. Lo interesante de aquella sesión en el Congreso, en cambio, es la división del voto, inédita, en el grupo socialista. Por primera vez el bloque completo del catalanismo político votaba unitariamente en una cuestión tan significativa como la defensa del "derecho a decidir".
Y eso ya es harina de otro costal. Si Catalunya consigue cuajar y mantener una mayoría consistente, que incluya el socialismo democrático, en torno al ejercicio efectivo y próximo de ese derecho a decidir, todo sería distinto. El Estado español, entonces sí, tendría que revisar esa negativa frontal y abrir el diálogo real en torno al concepto posible de Catalunya-Estado. En esta ocasión sin apelación posible al siempre aplazado e incumplido mejor trato fiscal, ni al humo de colores de un federalismo tan asimétrico como vaporoso y futurible.
Artículo completo: http://www.publico.es/451521/el-disputado-voto-del-sr-psc
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