Las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros. Además, si un ciudadano quiere interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, le costará otros 1.200 euros.
Como muestra un botón: los juicios verbales costarán 150 euros, y los ordinarios, 300. Además de dichos importes, si se recurre en apelación, 800 euros, y 1.200 en casación. Por ejemplo, una separación o divorcio sin liquidación de sociedades gananciales conllevará unas tasas de 1.280 euros.
Los diferentes senadores en la oposición que han intervenido en el debate coinciden en criticar el afán recaudatorio del Ministerio de Justicia y sobre todo en que quede afectado el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva. Consideran que este proyecto la creación de una Justicia para pobres y otra para ricos.
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