Ellos se defienden. No quieren ser los malos de la película. Han intentado calmar los ánimos al anunciar la paralización durante dos años de los desahucios en aquellos casos que sean de extrema necesidad, lo que despierta muchas dudas. Insisten, además, en que "los casos en los que se aprueba un desahucio son una excepción”, “el desalojo es la última opción”, “nuestra política es 'no al lanzamiento forzoso’, sí a la recuperación de la deuda” o "nosotros no hemos realizado ningún desahucio".
Unas afirmaciones que, aparentemente, contradicen la realidad. Desde que estalló la crisis hace ya cinco años se han producido más de 350.000 ejecuciones hipotecarias -la cifra incluye desde la vivienda habitual, segunda residencia, locales comerciales, garajes, naves industriales… - y casi a diario asistimos a algún desalojo.
Esta contradicción se explica, según los expertos, en que a la banca sí que le interesan los desahucios. “Lo que no le interesa al banco es que no le paguen. Cuando esto sucede, su principal objetivo es quedarse con el máximo posible. Y lo persiguen en los procesos de recuperación de la deuda”, comenta Mikel Echavarren, consejero delegado de Irea. “Entre los activos inmobiliarios, lo que menos les interesa es el suelo, porque no es líquido. La vivienda, sin embargo, sí porque es vendible”.
La entidad debe provisionar los inmuebles adjudicados y esa provisión va contra la cuenta de resultados. Sin embargo, teniendo en cuenta el precio al que se adjudica el inmueble y su control sobre el acceso a la financiación, el banco cuenta con margen para poner el inmueble en el mercado a precios competitivos y obtener un beneficio adicional en la operación. Sin olvidar que en la mayoría de los casos, además de perder su vivienda, el cliente moroso sigue debiendo dinero al banco.
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