El Gobierno presiona para retirar el euro por receta pero Madrid resiste

No lleva ni dos meses como presidente de la Comunidad de Madrid, pero Ignacio González ya tiene frente a sí un conflicto importante con el Gobierno central, de su mismo partido. Y esta vez es a cuenta de algo insospechado, como el euro por receta. Cuando Esperanza Aguirre decidió dimitir, el 17 de septiembre, muchos marianistas confiaron en que el presidente impediría que González le sucediera, porque conocían su enemistad. Pero Mariano Rajoy dio su visto bueno, y el PP entendió que las aguas se habían calmado. Sin embargo, ahora las espadas entre los marianistas y los aguirristas, con González a la cabeza, vuelven a estar en alto.

El Gobierno lleva semanas, pero especialmente los últimos días, lanzando todo tipo de mensajes en público contra el euro por receta. Pero además ha habido varias conversaciones privadas de miembros del Ejecutivo con González y con el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty —ex secretario general de FAES— para que lo retiren. Sin embargo, la situación está lejos de resolverse.

González no tiene fácil marcha atrás y no quiere darla, al menos de momento. Está muy molesto, sostienen fuentes madrileñas, porque vio que el Gobierno respondía de forma muy tibia ante el euro por receta aprobado en Cataluña y pensó que él también podía implantarlo sin problemas. De hecho, en todos estos meses, desde marzo, cuando se aprobó, el Ejecutivo no decidió recurrir al Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno de Artur Mas. Se limitó a llevar el asunto a una comisión bilateral y permitir que Cataluña implantara una medida que se aprobó con la abstención del PP catalán. Para González, esa actitud es incompatible con la dureza con la que se expresa ahora el Gobierno, incluido Rajoy, cada vez que habla del euro por receta. “Es que entonces [cuando lo aprobó Cataluña] ustedes [los periodistas] no recuerdo que me preguntaran por este asunto y ahora [que lo aprueba Madrid] preguntan en algunas ocasiones, por eso a lo mejor parece que tiene más importancia, pero la posición es la misma que con Cataluña, se estudiará su constitucionalidad”, sentenció el pasado jueves la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Noticia completa: http://politica.elpais.com/politica/2012/11/16/actualidad/1353102621_452102.html