Según han informado fuentes jurídicas, la fianza que pedirá Horrach será con carácter solidario para los dos principales imputados en este caso de corrupción en torno a las actividades del Instituto Nóos. En el escrito que presentará este miércoles en el juzgado de Palma, el fiscal pedirá esta fianza como medida principal, pero en caso de que no se le acepte, planteará al juez de forma subsidiaria rebajarla a una cantidad de entre los 5 y 6 millones de euros.
El juez de Palma José Castro deberá luego decidir si adopta esta medida pedida en el marco de esta causa, en la que se investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y también por Torres, de unos 5,8 millones de euros de dinero público entre 2004 y 2007.
Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, ha declarado a Efe que la fianza le parece "exagerada", aunque prefiere no manifestarse sobre la petición fiscal porque todavía no tiene constancia oficial de que se haya presentado esta petición. La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio. La Fiscalía Anticorrupción y el juez Castro sospechan que Urdangarin y Torres obtuvieron durante esos cuatro años de forma irregular fondos públicos de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana.
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