Un documento de 2005, durante la Administración de George W. Bush, aborda la “política de asignación de números seriados internos para los detenidos”. Wikileaks afirma que se evitaba “sistemáticamente” adjudicar estos números de identificación a los prisioneros. El fin era, supuestamente, hacer “desaparecer” burocráticamente a detenidosque pasaban a estar custodiados por otras agencias estadounidenses mientras permanecían registrados en la base central de datos.
Una “orden fragmentaria” (FRAGO) de 2008 eliminó “el requerimiento de grabar sesiones interrogatorias” en unas instalaciones concretas de prisioneros, aunque por lo general sí se seguía exigiendo la grabación. Eso sí, éstas debían ser “purgadas en un plazo de 30 días”. La indicación se dio después de que salieran a la luz cintas y fotos sobre las torturas en Abu Ghraib. Barack Obama revocó esta política cuando pasó al poder.
“La ‘Política de Detenidos’ muestra la anatomía de la bestia que es la detención post 11S”, asegura Julian Assange en un comunicado. “Muestra los excesos de los inicios de la guerra contra el ‘enemigo’ desconocido y cómo estas políticas maduraron y evolucionaron, derivando finalmente en un Estado de excepción permanente en el que se encuentra inmerso Estados Unidos una década más tarde”.
Documentos de 2004, 2005 y 2008 muestran que la violencia física directa estaba prohibida para los interrogatorios. Un documento de 13 páginas de 2005 detalla las prácticas para los interrogatorios aprobadas para las fuerzas internacionales desplegadas en Irak, que recuerdan a cualquier interrogatorio de película: la técnica del ‘aproximamiento al amor emocional’, explotando el amor que el detenido sienta por su familia, patria o compañeros; o la técnica de ‘infundir miedo (severo)’, en la que “el interrogador se comporta de manera poderosa con una voz alta y amenazadora para convencer a la fuente de que realmente tiene algo que temer; que no hay otra opción que cooperar”.
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