martes, 23 de octubre de 2012

Más de 1350 antidisturbios blindan el Congreso ante una nueva jornada de protestas del 25S

A pocas horas de que se inicien las nuevas movilizaciones alrededor del Congreso de los Diputadosconvocadas por la Coordinadora 25-S, impulsora de las protestas de finales de septiembre, las autoridades ultiman sus propios preparativos para recibir a los manifestantes. Más de 1.350 agentes antidisturbios de la UIP volverán a blindar esta tarde la Cámara Baja, mientras el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, insiste en que este despliegue "está para garantizar el derecho fundamental de reunión y manifestación en el marco de la ley y para hacer que se cumpla el mandato constitucional de que el Congreso es inviolable".

Con estas palabras justificaría una posible intervención contra una movilización que no ha sido comunicada formalmente a la Delegación de Gobierno, puesto que ésta no la habría autorizado en un momento en el que los diputados se encuentran reunidos en Pleno. Pese a que la plataforma convocante ha insistido en que su intención es "rodear el Congreso" de forma pacífica, sin coacciones contra los representantes políticos, Fernández Díaz ha hecho hincapié en "no se le puede pretender coaccionar cuando está reunido, ni ejercer ningún tipo de coacción sobre los diputados".

También la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ahora funcionaria de Turismo, ha querido lanzar un mensaje a los activistas y ha dicho que las manifestaciones no autorizadas "no se pueden aceptar" y sobre todo "cuando se trata de cercar el Congreso". En este sentido, ha vuelto a elogiar a la que fue una de sus apuestas al frente de la Comunidad, Cristina Cifuentes, afirmando que "lo importante es que en Madrid tenemos una delegada del Gobierno que está convencida de que lo que tiene que hacer es cumplir la ley y hacerla cumplir".

La propia Cifuentes ya advirtió el lunes que "la Policía actuará como lo hace siempre, para garantizar la seguridad y el orden público, como es su deber". Y reiteró que los activistas no habían validado formalmente la convocatoria, puesto que "no basta que lo digan en los medios de comunicación" para que quede legalizada.

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