A través de relatos personales procedentes de Grecia, España y Rumanía, el documento de Amnistía Internacional titulado, Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea pone al descubierto el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y periodistas, las detenciones arbitrarias y la obstrucción del acceso a la asistencia médica, y pide a los gobiernos que investiguen estas violaciones de derechos humanos e impidan su comisión.
“Sí, la policía es responsable de proteger la seguridad y el orden públicos. Pero tambiéntiene la obligación de garantizar que todas las personas que residen en su territorio pueden ejercer el derecho de reunión pacífica”, ha señalado Fotis Filippou, coordinador regional de campañas de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
“Los gobiernos deben dejar claro y reiterar que los agentes de policía no pueden recurrir a la fuerza si no es estrictamente necesario. Deben aprobar directrices estrictas sobre el uso de material antidisturbios potencialmente letal, como pulverizadores de pimienta y gas lacrimógeno, cañones de agua y balas de goma”.
“Ante la celebración de otras manifestaciones, los gobiernos deben dejar claro a sus fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley que no se tolerarán los abusos, que todas las denuncias sobre brutalidad policial serán debidamente investigadas y que se obligará a los responsables a rendir cuentas”.
Ni Yiannis Kafkas en Atenas en mayo de 2011, ni Ángela Jaramillo en Madrid en agosto de 2011, ni Andrei Ristache y su padre, Augustin, en Bucarest en enero de 2012 representaban una amenaza para la policía u otras personas cuando fueron brutalmente golpeados por agentes de policía. Todos ellos necesitaron tratamiento médico a causa de los golpes.
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