El secretario general del SE, Tohil Delgado, adelantó que la protesta se realizará en el marco de una semana de lucha del alumnado contra la denominada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce), proyectada por el Ejecutivo.
En una rueda de prensa, el dirigente juvenil confió en que padres y profesores respalden la medida de fuerza ante una reforma que, denunció, pretende devolver la enseñanza a la época del franquismo, en alusión a la dictadura del general Francisco Franco ((1939-1975).
Tras calificar de clasistas y segregadoras las transformaciones promovidas en el sector por el Gobierno del derechista Partido Popular (PP), Delgado expresó el rechazo frontal del estudiantado a la supresión de 35 mil becas en la instrucción universitaria.
No permitiremos que se les expulse (a los estudiantes) por no tener dinero, enfatizó el líder estudiantil.
Entre otras impopulares medidas, la Lomce incrementa las tasas universitarias, reduce la capacidad de decisión de las autonomías, que tienen transferidas las competencias en la enseñanza estatal, suprime la selectividad e introduce exámenes de reválida al final de cada ciclo.
Alumnos, profesores y familias impugnan los cambios promovidos por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al estimar que son contrarios a la igualdad de oportunidades y favorecen la privatización de la escuela pública.
Cataluña, Canarias, Asturias, País Vasco y Andalucía son algunas de las 17 comunidades autónomas españolas que exteriorizaron su repudio a la también conocida como Ley Wert (por el apellido del ministro).
El SE acusó a la derecha gobernante de utilizar la crisis económica como coartada para el desmantelamiento del sistema educativo universal.
La intención del Gobierno es expulsar del sistema educativo a miles de jóvenes de las familias más humildes, denunció la organización juvenil.
Para la administración del PP, la Lomce tiene el doble cometido de mejorar la calidad de la enseñanza y acabar con los elevados niveles de fracaso escolar, que, según su criterio, dificultan la inserción laboral de los jóvenes españoles.
Sin embargo, para la comunidad educativa (docentes, alumnos y asociaciones de padres) y la mayoría de los partidos de la oposición, esta reforma -séptima en 37 años de democracia- es segregadora, elitista, adoctrinadora y mercantilista.
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