La dirección de la Agencia Tributaria tiene instrucciones muy claras de su responsable directo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que los representantes del Fisco en el procedimiento judicial del caso Nóos eviten a toda costa perseguir o acusar a la hija del rey, Cristina de Borbón y Grecia, a pesar de que el instructor de la causa, el magistrado José Castro, la imputó por haberse beneficiado de los delitos fiscales supuestamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, en la administración de Aizóon, propiedad al 50% de los dos miembros del matrimonio, y el instrumento que utilizaban para apoderarse de los fondos que lograban de las administraciones públicas, según aseguran fuentes de la Hacienda.
Y, en este caso, apuntan las mencionadas fuentes, no se trata de una ocurrencia del ministro. Montoro ha transmitido a sus subordinados una decisión colegiada del Consejo de Ministros y especialmente defendida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En el discurso de Navidad de 2011, y a cuenta del incipiente escándalo del Instituto Nóos, el rey Juan Carlos declaró de forma solemne que "todos los españoles son iguales ante la ley". Olvidó precisar que él es el único ciudadano irresponsable ante los tribunales y que la cuestión de la igualdad no queda tan clara cuando el objetivo de la Justicia se apellida Borbón y, además, es su hija. El Gobierno está decidido, aun así, a minimizar tanto como pueda la grave crisis institucional en la que está sumida España.
Incluso si el precio es dejar en evidencia al jefe del Estado. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho balance en los últimos días y está dispuesto a transmitir el mensaje de que unos españoles son más iguales que otros ante la ley. A pesar de que el partido del Gobierno vive su particular via crucis con el caso Bárcenas.
Primero la cadena de mando de la Fiscalía obligó al representante del Ministerio público en el caso Nóos, Pedro Horrach, a recurrir la decisión del juez instructor del fraude a las administraciones a recurrir la imputación de la infanta Cristina, la única integrante del consejo de administración de Nóos que no estaba imputada. Horrach cumplió las órdenes del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce y del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas.
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