El diario The New York Times publicaba este miércoles en portada una información en la que destacaba que los ataques con drones son, por primera vez, motivo de “escrutinio público”. En ese mismo artículo se incluía la noticia de que Estados Unidos dispone de una base para ese tipo de aparatos en Arabia Saudí.
La razón más sencilla para el uso de los droneses de carácter práctico. EE UU ha encontrado un método eficaz, discreto y seguro de hacerle daño a Al Qaeda
La revelación por la cadena NBC de los argumentos legales en los que se sostiene el uso de los drones para matar a sospechosos, de pertenecer a Al Qaeda, incluidos ciudadanos norteamericanos, ha puesto sobre la mesa la legitimidad, moral y constitucional, de esa práctica. Uneditorial del citado diario afirmaba este miércoles que Obama debería de someter las decisiones sobre las ejecuciones selectivas al juicio del Congreso y de los tribunales.
La Casa Blanca tuvo el martes que responder, por primera vez, a preguntas sobre el uso de los drones, un asunto del que nunca había hablado el portavoz de la presidencia y que estaba protegido como secreto de estado hasta que el propio Brennan lo desveló hace pocos meses.
Brennan, que ha sido hasta ahora, como responsable de la política antiterrorista del presidente, el encargado de elaborar las listas de ejecuciones selectivas –conocidas como “listas de la muerte”- que Obama, posteriormente aprobaba, se verá obligado a dar más detalles sobre esa práctica en su intervención ante el Senado.
El uso de los drones para diezmar a Al Qaeda en Afganistán, Pakistán y Yemen ha sido la base fundamental de la estrategia antiterrorista de Obama desde que llegó a la Casa Blanca. Durante todo este tiempo, aunque se han producido críticas aisladas de parte de grupos de derechos humanos y juristas, no ha existido una verdadera presión sobre el presidente para dar explicaciones al respecto.
El portavoz de la Casa Blanca ha sostenido que “el presidente tiene mucho cuidado de que todas sus medidas antiterroristas sean conformes con la Constitución y las leyes”
Esa aceptación pasiva de una política que desafía a la lógica del estado de derecho ha empezado a desaparecer. Obama se enfrenta por primera vez públicamente a la contradicción de que un presidente que prohibió la tortura, las detenciones forzosas y las cárceles secretas y que criticó el uso de esos métodos durante la anterior Administración, defienda ahora las muertes de personas, incluidos norteamericanos, sin acusación ni juicio previo.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, ha sostenido, sin mayor argumentación, que “el presidente tiene mucho cuidado de que todas sus medidas antiterroristas sean conformes con la Constitución y las leyes”. Pero esa es una explicación insuficiente a estas alturas del debate.
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