Iberdrola en Bolivia: una actividad nada ejemplar

"El Gobierno de España defiende siempre los intereses de las empresas españolas, estén dentro o estén fuera de España", declaró el ministro de Industria y Energía ante la nacionalización de las filiales de Iberdrola en Bolivia. La decisión fue anunciada por el Gobierno de Bolivia el 29 de diciembre de 2012 y se justificaba por una injusta política de tarifas de la multinacional vasca en el área rural boliviana; la población de estas zonas tenía que pagar por la electricidad casi el triple que si viviera en las ciudades.


Las mismas palabras fueron pronunciadas por el Gobierno español el 12 de abril de 2012, tras la expropiación por parte del ejecutivo argentino de las acciones de Repsol en la petrolera argentina YPF, y también se repetían el 1 de mayo de ese mismo año cuando el gobierno del Evo Morales nacionalizó TDE, filial de Red Eléctrica Española. Y en esa misma línea, en el año 2006, el Gobierno del PSOE presionó diplomáticamente al Gobierno de Bolivia cuando decretó la nacionalización de los hidrocarburos, lo que afectaba a los intereses de Repsol. Así, la defensa incondicional de las transnacionales españolas en su internacionalización es una “política de Estado” y, en consecuencia, se pone a la disposición de estas compañías todos los medios diplomáticos, políticos y económicos de las instituciones públicas.

Denuncias contra la transnacional

Esta postura es inamovible a pesar de las denuncias e impactos que puedan tener estas multinacionales en su actividad internacional, como ha sido el caso de Iberdrola en Bolivia y del resto de empresas españolas que han tenido actividad en este país. Red Eléctrica Española fue objeto de denuncias sistemáticas por sus irregularidades en el transporte de electricidad antes de ser nacionalizada, el BBVA fue criticado por la mercantilización de las pensiones, Abengoa participó en el consorcio Aguas de Tunari que causó la “Guerra del agua” en Cochabamba, el grupo Prisa defendía la postura de las transnacionales españolas a través del principal diario boliviano, La Razón, y Repsol ha agravado el desabastecimiento energético del país, ha vulnerado los derechos de los pueblos indígenas y ha deteriorado ecosistemas de gran valor.

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