El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da un nuevo varapalo a España por su política de vivienda

Una pareja con una hija de ocho años no será desalojada de su vivienda, sobre la que pendía una orden de derribo, porque las autoridades españolas no les garantizan una alternativa habitacional adecuada.


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha puesto en entredicho la política española de vivienda por segunda vez en dos meses. En esta ocasión, el tribunal de Estrasburgo ha vuelto a sentar precedente al suspender de manera cautelar el derribo de una vivienda familiar en la Cañada Real Galiana, antigua vía pecuaria de la Comunidad de Madrid donde miles de familias, de manera irregular pero tolerada e incluso reconocida por las administraciones, se han ido asentando en los últimos 40 años en seis sectores repartidos entre las ciudades de Madrid, Coslada y Rivas.
Desde 2007, más de 250 viviendas de Cañada han sido demolidas por las administraciones, dejando en el desamparo a sus habitantes, que a menudo habían llegado a ellas en situación de precariedad y por la falta de alternativas habitacionales. El caso de Mohamed Raji era uno de ellos. De 47 años, con mujer y una hija de ocho años, Raji vivía y trabajaba en Madrid desde hace 20 años, pero la crisis lo abocó al paro y en 2010, con pocos recursos y después de cuatro años solicitando una vivienda social tanto al Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) como a la Empresa Municipal de Vivienda sin obtener una respuesta favorable, decidió mudarse a una casa en la Cañada Real, sin saber que sobre ésta ya pesaba sentencia de derribo, cuya notificación recibió meses después.

A pesar de los requerimientos de Javier Rubio, abogado de la familia, invocando los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de lo Contencioso decidió ratificar la demolición, y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se negó a suspender el desalojo de manera cautelar mientras se tramitaba el recurso interpuesto. “Ante el derribo inminente, solicitamos amparo ante el TEDH alegando una posible vulneración de derechos fundamentales y la inexistencia de vías efectivas en España para proteger estos derechos mientras se tramita un recurso”, explica Rubio.

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