La recogida de firmas, iniciada el 23 de abril de 2012 y cuyo plazo concluía a finales de octubre de 2012, ganó una prórroga de tres meses porque a pesar de que el cómputo de los nueve meses para recoger firmas se inició oficialmente el 6 de febrero, la Junta Electoral Central no entregó a la Comisión Promotora las cajas con los pliegues debidamente validados hasta el 17 de abril y además, modificó el procedimiento para la verificación y certificación de las firmas -que ya exigía DNI- complicándolo y cambió la regulación de los fedatarios que recogen las firmas. No obstante, hasta 3.200 personas en todo el Estado consiguieron acreditarse como federatarios.
Antecedentes
En Febrero de 2011, PP y PSOE votaban en contra de la propuesta de dación en pago presentada por el grupo parlamentario ICV-IU-ERC. Ana Fuentes Pacheco, portavoz de vivienda del PSOE, rechazaba un cambio normativo que fuese “más allá de medidas puntuales y coyunturales” para contrarrestar el impacto de los embargos de parados y el “sobreendeudamiento”, como las que el Gobierno “ya estaba aplicando”. La PAH llamaba entonces a PP-PSOE “enemigos que habían declarado la guerra a los ciudadanos”.
En abril del mismo año se intentó tramitar una ILP por la dación en pago, una de las principales reivindicaciones del joven movimiento 15M. Entonces, un partido de apenas 300 militantes llamado los Verdes Ecopacifistas y vinculado a varios promotores inmobiliarios, que no contaba con infraestructura para recoger las 500.000 firmas que exigía la ley, registró en el Congreso y en los 17 parlamentos autonómicos escritos para abrir formalmente el proceso de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago impidiendo de esta manera que llegasen otras iniciativas preparadas desde hacía meses por las principales organizaciones sociales.PP y PSOE rechazaron el inicio de los trámites "porque ya existía una ILP sobre el mismo tema".
En mayo de 2011, la Comisión de Economía del Senado rechazó una moción del BNG que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que la entrega de la vivienda fuera suficiente para cancelar cualquier préstamo con el único voto en contra del PSOE, mientras que PP, CiU y PNV se abstuvieron. El resto de los partidos (IU, ERC...) votaron a favor.
Noticia completa: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article47136
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