El Gobierno Rajoy atiza la campaña de acusaciones contra Mas mientras oculta la lista de los evasores fiscales

A Cristóbal Montoro le faltó tiempo esta semana para anunciar una investigación sobre las supuestas cuentas que el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, tendría abiertas en Suiza con dinero presuntamente procedente del caso Palau, si fueran ciertas las filtraciones de un presunto informe policial publicado por El Mundo.

"Cuando hay indicios de tenencia de cuentas que no se han declarado en otros países o en paraísos fiscales, la obligación de la Agencia Tributaria es investigar desde la prioridad de luchar contra el fraude fiscal", proclamó con tono preocupado el pasado martes desde Sevilla. Declaraciones llamativas, viniendo de un ministro de Hacienda que aprobó una amnistía fiscal con la coartada de que el dinero repatriado serviría para tapar agujeros en las cuentas del Estado. Y más desproporcionadas aún, cuando cada día es más evidente que ese supuesto informe policial ha sido falsificado, ya que el borrador que halló el Sindicato Unificado de Policía (SUP) no mencionaba ni a Mas ni al expresident Jordi Pujol , ambos incluidos en la filtración de cuentas en Suiza, difundida pocos días antes de las elecciones al Parlament de Catalunya.

Todo el Gobierno del Partido Popular ha saltado a la yugular de Mas por un caso que, de momento, ni el juez que lleva el escándalo de corrupción del caso Palau, ni el Ministerio del Interior saben de dónde ha salido. En realidad, como ya sucediera en septiembre tras la manifestación de la Diada y el posterior fuego cruzado sobre las aspiraciones independentistas de Mas, el debate en torno a la supuesta evasión de capitales del candidato de CiU les viene que ni pintado ­--tanto al Ejecutivo de Rajoy como al propio president catalán-- para crear una cortina de humo sobre los salvajes recortes en políticas sociales que ambos han acometido.

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