Los nuevos barrios de Madrid, en concreto las recalificaciones de suelos protegidos en suelos urbanizables de 22 desarrollos son, según esta sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, ilegales. Ninguna de las 136.303 viviendas previstas, de la que una buena parte ya están en marcha y a punto de estrenarse, recibirán la cédula de habitabilidad.
El Ayuntamiento de Madrid, responsable de declarar urbano en 1997 un suelo hasta entonces rústico, lucha contrarreloj para evitar lo que ya se considera otro escándalo del ladrillazo. El desconcierto y el pánico se han apoderado de los miles de cooperativistas y familias que desconocen qué va a suceder.
"A mí me daban las llaves de mi piso en primavera", dice ya en pasado un futuro vecino de Valdebebas, que espera que la sentencia no afecte a las casas que ya están en marcha. "Soy uno de los afectados en los Berrocales y nuestra gestora nos ha ofrecido alternativas a precio de mercado y perder lo ya aportado (entre 45.000? y 72.000), para así ellos seguir ganando dinero y deshacerse de pisos que ahora no pueden vender", denuncia en las redes sociales el futuro propietario de un piso en el que las grúas todavía no se han dejado ver.
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